Por: RAFAEL MARTÍNEZ-SIMANCAS
Cuestionar el nivel de gasto de las autonomías no es cuestionar el modelo autonómico si no tratar de mejorarlo para que no sea el ciudadano el que siempre paga. Tampoco es osado cuestionar la solidaridad entre regiones para que no sean los ciudadanos los que sufran las diferencias de trato. Un estado autonómico como el que tenemos es insostenible en primer lugar porque faltan recursos y también porque se están amparando desniveles sociales puesto que un español tiene distintos derechos en función de la comunidad en la que resida.
El pasado viernes el presidente del Gobierno planteó en Bruselas un pacto de Estado que recortara el gasto regional y para eso la administración central tendría que dar ejemplo de que también se aplica el cuento. No podemos ser el país de los treinta mil coches oficiales, trescientos de ellos adscritos a la Junta de Andalucía que encabeza el despilfarro en cuánto a vehículos a disposición de altos cargos se refiere. La estadística se eleva cuándo se añaden los asesores que trabajan para presidentes autonómicos, alcaldes y, (por supuesto), gobierno central.
Zapatero pide un gran pacto para limitar el gasto en las autonomías pero debería antes señalar cuáles son las funciones que se duplican, y triplican, en la mayoría de los casos. Es reiterativo señalar que hay diecisiete consejeros de Cultura, y luego otros tantos concejales de la misma materia en cada municipio. Igual pasa con la Sanidad que los ciudadanos sostienen de manera triple: local, regional y estatal. La idea del presidente del Gobierno es un mero brindis al sol si no se afronta el concepto del modelo de Estado en profundidad, con algo de rigor y alejado de la cuestión electoral que nos engulle en apenas mes y medio. Se supone que para lanzar una idea de tal calibre tenía que haber dialogado antes con la oposición para convencerles de la bondad de su proyecto, y más en concreto con el Partido Popular que gobierna en muchas comunidades autónomas. En otro caso la propuesta se quedará en una mera declaración de intenciones que, como tantas, no pasará de ser ocurrencia provocada por las prisas del presidente por mostrar mano dura en Bruselas que luego se vuelve indefinida gestión cuándo regresa a Madrid.
Aconsejar recortes pero no aplicárselos a uno mismo cuándo gobierna no es creíble. En este gobierno de los diecisiete portavoces hay algunos que pasarán a la historia por su condición de mudos, ¿Alguien ha escuchado a Cristina Garmendia decir algo en los últimos dos meses?, ¿Y a Rosa Aguilar algo que no sea quejarse por la contaminación que provocan los ayuntamientos? Todo eso incide en la idea perversa de que vamos tirando del momio hasta que los ciudadanos se harten.
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